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Pocas medidas concretas. Solo anuncios.
La economía hace tiempo que está en crisis, pero escaló rápidamente a partir del 08 de junio agravando los problemas macroeconómicos del país, y generó que se entregara a Sergio Massa el ministerio de economía, algo que estaba dentro de los últimos recursos del gobierno.
Los primeros días de gestión oficial del nuevo funcionario al frente de la cartera económica confirmaron que no se trata de un superministro, sino que ocupa un Ministerio de Economía ampliado, sin el poder político necesario para enfrentar cambios estructurales..
Quedó en evidencia cuando su propuesta de viceministro para el área, fue postergada por CFK. Por esa razón, puramente personal, retrocedió con la designación, la que se mantuvo incierta por más de 20 días. Un cargo vital para Massa, que necesitaba imperiosamente un macroeconomista que lo secunde, dada su falta de antecedentes en materia económica, pero todo se demoró entre revanchismo y vetos internos.
La controversia respecto al área energética pareció resolverse a favor de Massa, pero eso no fue así. La nueva secretaria de Energía, fue ministra de Minería de Salta, cuyo gobernador, era el candidato a vicepresidente con Massa en 2015. Pero el área de hidrocarburos quedó a cargo de un funcionario kirchnerista.
Las presiones del nuevo ministro para hacerse con el control del Banco Central fracasaron, y se transformaron en designaciones de algunos funcionarios menores.
La caída de reservas, que prácticamente no ha cesado desde el anuncio de que Massa fue elegido, es un desafío para su credibilidad. Quizás el punto sea ahora si los mercados han asumido que no es un “superministro”.
Lo que haga la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será decisivo para el éxito o fracaso del nuevo ministro. Puede, el flamante ministro, tener algún éxito en lo que modestamente se propone solo si ella lo apoya, pero no lo tendrá si ella lo cuestiona.
Por otra parte, como Massa encuentra resistencia a sus proyectos en el sindicalismo, los movimientos sociales, los gobernadores y el kirchnerismo, le será difícil conseguir apoyo político a su gestión.
La vicepresidenta, que estuvo ausente en la asunción de Massa, un mes atrás había eludido cualquier respaldo explícito a la nueva gestión económica. Lo mismo hizo en ambas circunstancias su vocero político más fidedigno, Máximo Kirchner.
La vicepresidente se reserva el derecho de revisar la gestión de Massa, la condiciona, mediante sus asesores íntimos, a que no se devalúe ni se afecte a los sectores que son el saldo de sus votantes con la ¨redistribución de subsidios¨.
La estrategia político-electoral de Cristina Kirchner tiene la mira en el 10 de noviembre. Es una fecha clave para ella, porque el último domingo de octubre tiene lugar la segunda vuelta de la elección presidencial brasileña. Lula será reelecto, es un hecho, y eso será el núcleo en la estrategia de la vicepresidenta.
Se presentará como la versión local de los giros a la centroizquierda que han tenido lugar en las elecciones presidenciales de este año en Chile, Colombia y seguramente Brasil. Además, la prisión de Lula por una causa de corrupción, que le impidió ser candidato en 2018, es una argumentación que usará para politizar las causas judiciales de corrupción que la amenazan, como lo acaba de demostrar el alegato del fiscal a cargo.
Massa ha conformado un ministerio con economistas de segunda línea.
Al iniciar su proceso, que duró 20 días, se anunciaron un conjunto de medidas procurando calmar un mercado cargado de incertidumbre, mediante anuncios insuficientes, sin medidas concretas para revertir la trayectoria de crisis. Fueron manifestaciones inconsistentes, ajenas a un plan de estabilización imprescindible para enderezar el panorama macro financiero.
En materia fiscal:
Lo concreto de los primeros anuncios fue el enfoque del gasto, donde la reducción de los subsidios energéticos es lo más importante. Pero con este único demorado anuncio y sus características, no es suficiente para reducir, en lo que resta del año, el déficit primario a 2.5% del PBI.
El déficit alcanzó un ritmo creciente que lo acerca al 3,4% del PBI. Los ingresos llegaron a ser 18,4% del PBI y el gasto primario fue muy superior: 21,8% del PBI.
Para cumplir con la meta de déficit primario de 2,5% del PBI acordada con el FMI este año, se requiere de un ajuste superior al 1% del PBI en 6 meses. No se puede lograr.
Que significa esto.
Que en el segundo semestre el gobierno tiene que reducir sus gastos en no menos de U$S 4.500 millones. Pero como durante ese período del año se producirá un deterioro en los ingresos del estado, el gasto primario debería ajustar aún más, hasta 1,6% del PBI para cumplir con la meta del FMI. Deberían bajar el gasto en U$S 7.200 millones.
Debe quedar claro entonces, que en la segunda parte de 2022 debería haber un severo ajuste de gastos, que ya ha comenzado con las demoradas reducciones de subsidios, seguirá con la licuación de la asistencia social y las jubilaciones, utilizando la inflación. La aceleración de precios en ese tramo del año reducirá los pagos a jubilados en 0,6 % del PBI, según se puede proyectar sólidamente con la fórmula de ajuste legal versus el piso de inflación inevitable.
En materia cambiaria hay, hasta el momento, anuncios voluntaristas, ninguna medida y ningún resultado.
Si con el minúsculo anuncio de medidas de emergencia, el ministro intentaba conseguir un pequeño incremento de reservas y ganar tiempo para ¨seguir viendo¨, no ha tenido ningún éxito.
Lo que ha logrado, es un rápido deterioro de su imagen en los primeros días al frente del Ministerio de Economía. El deterioro genera gran preocupación, dentro del gobierno, en el mercado y en la parte de la población que puede prestar atención a estos temas.
El Sr. Massa nunca tuvo, ni podrá tener, un plan integral, y no tiene ni tendrá, un equipo económico a la altura de las circunstancias, por lo cual el panorama sigue siendo muy lábil e inestable.
La crisis que se inició el 8 de junio, persiste y no ha sido controlada
Cuando en junio colapsó la refinanciación de la deuda en pesos, es decir, se redujo la demanda privada del stock de deuda en pesos a tasas negativas, se suspendió el acceso del gobierno al mercado interno de capitales, para refinanciar los vencimientos de la deuda pública y financiar el déficit fiscal.
El sector privado se retrajo a causa del gran incremento del déficit fiscal en el primer semestre que llegó a casi 300% de incremento anual y generó el riesgo de una refinanciación forzada de la deuda pública en pesos.
Los vencimientos de deuda crecían, y siguen creciendo en forma sostenida, en línea con los descontrolados gastos del gobierno. Contribuyó, además, la impericia por parte de quienes dirigen algunos organismos del estado, que, no actuaron con eficiencia oportuna.
Los montos de las renovaciones necesarias fueron crecientes desde enero: $298.000 millones y en agosto llegaron a $550.000 millones, en septiembre superan $1 billón. El volumen, el riesgo de reperfilamiento y la consecuente retracción del sector privado, obligó a elevar el costo global de captación. Se ofrecieron bonos ajustables por inflación o por tipo de cambio, y tasas más altas, porque de otro modo las renovaciones hubieran sido escasas, al margen de las renovaciones de las tenencias de los organismos del estado.
En cuanto al tratamiento de la inflación
Una gran cantidad de pesos emitidos y en el mercado, impulsa la inflación por la muy escasa demanda de dinero y, lo peor, la extiende mucho en el tiempo, haciendo aún más crónico el aumento generalizado de precios. La inflación también fue consolidada por otras medidas de emergencia que comentaremos más adelante.
En cifras oficiales conocidas, que fundamentan lo expuesto:
- La necesidad de emitir moneda para comprar bonos del Tesoro – porque no se renovaban los préstamos – provocó una expansión de la base monetaria (los pesos emitidos) de $1 billón 255 mil millones entre el 08 de junio y el 02 de agosto.
- La emisión neta de dinero para financiar al Tesoro fue de $111 mil millones
- El pago de intereses de la deuda renumerada del BANCO CENTRAL llegó a $426 mil millones
Estas tres necesidades forzaron la emisión total de $1 billón 792 mil millones en un mes, esto es 47% de la base monetaria de junio. Algo inédito, peligroso, costoso y complejo para reducir.
Para controlar esta poco común expansión de la base monetaria y el desborde monetario potencialmente grave, el Banco Central colocó Leliqs por más de $1 billón en junio para absorber parte del excedente de pesos.
El incremento de colocaciones de Leliqs en los bancos, con el aumento posterior de la tasa de interés, genera un costo adicional de $ 55.000 millones mensuales, haciendo que el déficit cuasi fiscal supere al déficit primario.
A pesar de esta intervención obligada del Banco Central para sacar pesos del mercado, la base monetaria creció entre junio y agosto, con una dinámica anualizada de 139%
La gran cantidad de moneda emitida que parcialmente queda en el mercado, explica el aumento de los dólares libres, la aceleración inflacionaria de julio y la consolidan un piso de inflación para el resto del año cercano al 90%.
El ajuste necesario de las cuentas fiscales: hay muchas dudas sobre la posibilidad de Massa para ajustar las cuentas fiscales por la magnitud del ajuste requerido y las dificultades que se le presentan, a él o a cualquier otro responsable.
El 62% del gasto total del estado está indexado mediante leyes, eso genera incertidumbre respecto a si el ministro contaría o no con el apoyo político de la vicepresidente, más allá de un breve período, para emprender medidas de ajuste impopulares contrarias al credo estatista de CFK.
Por el momento el ministro:
- No ha reafirmado que gastaría en función de los recursos disponibles;
- No ha congelado el ingreso de nuevo personal a todos los organismos públicos; uno de cada dos trabajadores en blanco está empleado por el Estado y en mayo se incorporaron 5400 empleados más. En abril ya se habían sumado 22.300 personas. En ningún país del mundo civilizado el 50% de la mano de obra trabaja para el estado.
- En el sector público trabajan actualmente 3.350.000 personas; en mayo, el empleo estatal sumó 80.000 puestos con relación a 2021, una desproporción.
- No ratificó la creación de una caja única para todo el sector público nacional;
- Ratificó un ajuste de las tarifas públicas dispuesta por Guzmán, con un concepto diferente con menor reducción de subsidios.
Qué se ha instalado en cuanto a las nuevas tarifas de energía y agua
Fueron anunciadas como ¨redistribución de subsidios¨, cuando en la práctica no distribuye nada, simplemente incrementa el costo segmentando por una supuesta capacidad de pago.
Se ha demorado más de seis meses la implementación del nuevo esquema tarifario, y esa demora por impericias y razones políticas tuvo un alto costo para el estado.
Si se hubieran ajustado las tarifas al comienzo del año, cuando y como lo propuso Guzmán, el ahorro que se hubiera conseguido llegaría a 0.6% del PBI.
Por hacerlo con demoras por impericia u otras razones, el ahorro será de muy bajo o nulo impacto para las cuentas públicas. También, dadas las diversas necesidades políticas, lo más probable es que los pesos que se dejarán de gastar en subsidios se consumirán en otras partidas.
Son cuatro millones de familias que dejarán de recibir subsidios energéticos, en forma gradual, y un número muy menor de familias que desde octubre ya no tendrían el beneficio por no haberlo solicitado o por superar el tope mensual de consumo.
En resumen, la reducción de subsidios impacta solamente en una reducción de 0.2% del PBI en 2022.
El ahorro será en el recorte de subsidio a la electricidad pero el período de alto consumo de gas termina en septiembre, junto con las bajas temperaturas invernales.
Si se hubiera aplicado al principio del año la quita del subsidio junto con el límite al consumo residencial, como se había previsto, el ahorro se hubiera triplicado llegando a 0,6% del PBI. En consecuencia, las idas y vueltas entre las dos facciones del gobierno provocaron que este año el ahorro fiscal de subsidios será muy bajo, y tendrá algún impacto recién en 2023.
El ahorro es insuficiente para corregir el arrastre que exhibe hoy el resultado fiscal con un déficit de 3,7% del producto. Y llegar a este magro resultado con seis meses de atraso resulta muy costoso para el gobierno y para la población.
Queda claro que la segmentación tiene un efecto que depende de la dinámica de los precios internacionales de la energía y su logística de traslado, que son mucho más altos que cuando debió haberse hecho.
Hay realmente un ahorro, con ¨el reacomodamiento de subsidios¨?
Como veremos a continuación, el ahorro a conseguir se pierde en otras partidas, veamos:
El total de ahorro fiscal, ese 0.2% del PBI y 0,5% en 2023, es menor que la totalidad del aumento del gasto fiscal que pagará el Tesoro por el incremento del costo de financiación que tuvo que aceptar al mercado para poder seguir emitiendo deuda en pesos.
Tampoco se ha explicitado si habrá o no quita de subsidios a los comercios, de hacerlo inevitablemente irá a precios.
Una nota al margen: en los países centrales de Europa, que fueron impactados por el aumento del costo de la energía se han dispuesto severos controles de consumo, como la restricción de espectáculos públicos nocturnos, su traslado a horas diurnas, la limitación de iluminación nocturna de los comercios y una gran tarea de concientización en los hogares y escuelas.
Aquí, donde es mucho más acuciante la situación, no se ha hecho nada.
Estas iniciales medidas de ajuste, se toman en un marco de falta de confianza y credibilidad. No por Massa, sino por el entorno político que lo rodea y condiciona. Ese entorno genera temor sobre los posibles sabotajes a cualquier medida de austeridad.
El mercado de cambios
Para aumentar las reservas se anunció un intento de acuerdo para un adelantamiento de exportaciones por U$S5.000 millones de sectores de producción primaria; U$S750 millones adicionales por parte del Banco de Desarrollo y U$S1, 200 millones de organismos internacionales, además de los desembolsos del FMI.
El ministro dice que hay 4 ofertas para realizar operaciones de Repo en dólares con bancos de inversión extranjeros que se utilizarían para recompra de títulos en moneda extranjera.
No hay detalles adicionales sobre estas operaciones.
Debe tenerse en cuenta:
- La deficiencia estructural que viene de mucho tiempo atrás, y que provoca brechas dando lugar a incentivos retorcidos;
- el nivel de reservas internacionales netas es negativo, aunque haciendo un esfuerzo puede estimarse en un número bajo: solo U$S1,100 millones disponibles
- el tipo de cambio real está atrasado: 24% más alto que el promedio multilateral y sigue creciendo la apreciación del peso ante quienes les vendemos y compramos
Para evitar una devaluación discreta del tipo de cambio oficial, algo que – hoy – resulta impensable para este gobierno, se anunciaron nuevas medidas para llegar hasta septiembre, momento en que suponen que la demanda de dólares por energía comience a mermar:
- Se limitaron al extremo los pagos de importaciones,
- Se estableció que aquellas empresas importadoras que necesiten comprar divisas en el mercado oficial tendrán que limitar su tenencia de Cedears a U$S100,000
- Se prohibió que los importadores tomen posición en bonos de legislación extranjera en un plazo de 90 días para poder comprar en el mercado cambiario oficial.
- Se incrementó la retención a cuenta de ganancias del 35% al 45% sobre las compras de dólares para turismo y consumos con tarjetas en el exterior.
- Para que el agro acelere la liquidación de divisas, que se estima en U$S3, 000 millones, se dispuso que los productores de soja puedan destinar el 70% de sus ventas a hacer un depósito dólar link y un 30% a comprar dólar solidario.
- Se dispuso que los turistas extranjeros puedan vender hasta U$S5, 000 en casas de cambio al tipo de cambio MEP. Esto para aumentar la oferta de divisas y contener las brechas, algo inocuo.
Estas medidas tienen sentido de emergencia porque las reservas están en una situación crítica:
El total de reservas cayó en un mes 12% y las reservas líquidas son negativas
En U$S millones | 30 diciembre. | 7 de junio | 6 de agosto | |
Reservas liquidas | -1.561 | -3910 | -5.952 |
En cuanto a la inflación
Por la emisión monetaria, la expectativa de devaluación y el impacto sobre los precios por las limitaciones a la importación, la inflación de julio fue de 7,4 %, la más alta en 20 años. La tasa del IPC de agosto ya está jugada por el arrastre y por el valor de los alimentos en las dos primeras semanas del mes que aumentaron casi 3%, y en las últimas cuatro semanas, ya acumulan 6,8%.
Anualizando los últimos 5 meses se llega a 106% para 2022. Es esperable una reducción paulatina, pero la suba acumulada es de 72% en los últimos 12 meses. Esa suba ha generado un piso de 90% para todo el año. No es razonable proyectar o precisar una tasa de inflación, solamente ese piso anual no menor a 90%
El arrastre y los pesos en el mercado garantizan un año 2023 con no menos de 60% de inflación. Eso, siempre y cuando en un año electoral no se tomen decisiones alocadas.
Por el momento Massa cuenta con el respaldo de CFK. No obstante, no es posible ni esperable que el nuevo Ministro de Economía desarrolle un plan integral de estabilización modificando totalmente el rumbo actual de la macroeconomía.