En el intrincado panorama financiero de Argentina, se delinean patrones distintivos en diversas escalas temporales que definen la dinámica económica del país. Identificar y evaluar las fuerzas prevalecientes en el corto, mediano y largo plazo es imperativo para comprender la estrategia gubernamental, las proyecciones financieras y las perspectivas de inversión.
El ministro/candidato creyó poder lograr la firma de un acuerdo de entendimiento técnico con el FMI sin recurrir a la depreciación monetaria. La expectativa era aprobar una asignación de fondos en dos tramos, correspondientes a junio y septiembre, por un monto de USD 7.500 millones.
Sin embargo, el acuerdo requirió la ejecución de una «secuencia» de medidas, siendo la más desafiante para el ministro la corrección del desequilibrio cambiario, que trascendió la mera devaluación fiscal. Massa buscó mantener su firme postura contra la devaluación, impulsada por la cercanía de las elecciones. Su estrategia implicaba continuar con el mismo curso de acción, incluso después de las elecciones, esperando lograr un resultado mínimamente aceptable en las urnas. No obstante, el efecto no se materializó según lo planeado.
Por la fuerza, te asfixian.
Para asegurar el desembolso del FMI y evitar un default, se adoptaron una serie de medidas de austeridad clásicas y ultraortodoxas, en contra de la ideología kirchnerista, para abordar una crisis que, no obstante, era inevitable.
Ante la creciente demanda de todo tipo de dólares, se impuso una devaluación del 22%, reduciendo el valor del peso a $365 por dólar en el mercado oficial. Simultáneamente, se impuso un aumento en la tasa de interés al 118% para disuadir la compra de moneda extranjera en el mercado paralelo.
Además, fue necesario aplicar aumentos significativos en las tarifas de servicios públicos, como electricidad, gas y combustibles, para actualizar las tasas frente a las proyectadas tasas de inflación del 10% y 14% para agosto y septiembre, respectivamente.
La devaluación se produjo de manera abrupta, con un salto del 21,8% en la tasa de cambio.
Esta devaluación repentina implicó el cumplimiento incondicional de los mandatos del FMI, lo que resultó en ese aumento del 22% en el dólar minorista y todas las variantes del mercado oficial.
El dólar para transacciones con tarjeta de crédito alcanzó los $639,6, y el dólar Catar (para gastos que superen los $300 utilizando tarjetas) llegó a los $731.
Naturalmente, la cotización paralela también experimentó un aumento significativo, con el «dólar libre» llegando a casi $800, solo para luego estabilizarse en función de la dinámica de oferta y demanda.
Estas medidas se llevaron a cabo en medio de la ansiedad electoral del partido kirchnerista y en consonancia con las condiciones sine qua non establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concluir un acuerdo que requería que el ministro-candidato cediera por completo.
Haber accedido por completo a las demandas del FMI ha llevado a la necesidad de contrarrestar el impacto inflacionario resultante del efecto inmediato de la devaluación en los precios.
Las medidas compensatorias buscan abordar la crisis económica y financiera desde múltiples perspectivas, respaldando a diversos grupos y sectores afectados por la volatilidad económica y la inflación.
El costo total directo estimado de este nuevo «Plan Platita» es de alrededor de $500 mil millones, equivalente a aproximadamente $1.428 millones a la tasa de cambio oficial. Estos pesos se emitirán e inyectarán en la circulación, reforzando así la inflación.
Los beneficiarios son numerosos: si los $500 mil millones se dividieran entre los 45 millones de ciudadanos de Argentina, cada uno recibiría menos de $12.000, según informaron algunos medios.
Sin embargo, esta aritmética es errónea, ya que los beneficiarios son menos, especialmente los más desfavorecidos. Considerando familias de tres miembros y la distribución proyectada, cada familia recibiría $39.000, una suma insuficiente para contrarrestar la inflación.
La ayuda se dirigirá a trabajadores del sector público y privado, así como a trabajadores independientes, jubilados más pobres, empleados domésticos, beneficiarios de programas sociales, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la industria agrícola. Se aconseja a los jubilados genuinos abstenerse de protestar a menos que reciban la pensión mínima.
Medidas Desesperadas para Evitar una Catástrofe Electoral con un Costo Económico Insostenible sin una Crisis Monetaria
En una serie de anuncios realizados el 27 de agosto de 2023 por el líder del partido Unión por la Patria, Sergio Massa, se presentó un paquete de medidas.
Estas medidas incluyen bonos para jubilados, refuerzos para el programa Tarjeta Alimentar y la iniciativa Potenciar Trabajo. Estas decisiones conllevan un costo fiscal del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según lo anunciado previamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de los anuncios.
Estas nuevas medidas plantean un desafío adicional severo para los objetivos de septiembre del programa con el FMI, lo que hace que estos objetivos sean aún más difíciles de lograr. El ministro/candidato utilizó una plataforma poco seria y muy poco profesional, su cuenta de Instagram, para comunicar estas iniciativas.
También informó sobre la introducción de un nuevo «dólar soja». Según sus declaraciones, se permitirá destinar el 25% de la moneda para la adquisición temporal de soja para exportaciones de harina, aceite y pellets de soja, preservando así el empleo en el complejo agroindustrial de la soja. Esta medida sugiere un tipo de cambio efectivo de alrededor de $450, considerando un cálculo basado en la tasa de cambio oficial y la tasa Contado con Liquidación (CCL).
El viernes, el FMI publicó el «Informe del Personal», que ofrece una perspectiva técnica sobre el programa argentino.
Destacan entre los aspectos más relevantes del informe las proyecciones del FMI, que siguen siendo imprudente y selectivamente optimistas a pesar de las desviaciones de política. La información establece objetivos fiscales y monetarios y niveles de reservas, subrayando el desafío de cumplir una serie de objetivos, una inconsistencia por parte del FMI, dado que estos objetivos ya se han acordado.
La situación de las reservas es de suma importancia.
Adoptar un régimen de tipo de cambio fijo inclina hacia los instrumentos de tasas de interés.
Sin embargo, esta inclinación depende de las circunstancias imperantes y, únicamente en este momento, de la definición de quien será el próximo presidente. El ajuste de los precios relativos nos coloca en un contexto distinto.
A pesar de la reciente inyección de fondos del FMI, las reservas netas rondan los negativos $4 mil millones. Las expectativas sobre el dólar y el comportamiento del mercado de cambios también están bajo escrutinio. Hasta el 16 de agosto, las reservas ascendían a $23.612 millones. Incluir $7.500 millones del FMI elevaría esta cifra a $31.112 millones.
El Ámbito de lo Inmediato: Congelamiento de la Tasa de Interés y el Tipo de Cambio
En el ámbito de lo inmediato, el mercado financiero argentino está fuertemente influenciado por la tasa de interés y el congelamiento de la tasa de cambio mayorista.
Con un congelamiento de la tasa de cambio mayorista en 350 pesos hasta la segunda vuelta de las elecciones en noviembre de 2023 y una tasa de interés del 9,83% mensual, surge la posibilidad de vender dólares y redirigir los fondos hacia tasas de interés durante un carry trade de 60 días, generando potencialmente ganancias en moneda local.
Esta estrategia aprovecha una tasa de interés mensual de dos dígitos a nivel global, donde la tasa anual ronda el 5,0%.
Sin embargo, considerando que se espera que la tasa de cambio oficial del dólar se mantenga estable hasta octubre, existe una oportunidad distinta para participar en un «carry trade». Esto implica la perspectiva de vender dólares e invertir en pesos, acumulando intereses y posteriormente recomprando dólares de manera similar a la administración anterior, sus funcionarios, fondos extranjeros y aquellos con información privilegiada, un grupo que nunca es desdeñable.
La estrategia, que combinó devaluación, tasa de cambio estable y tasas de interés elevadas, implementada previamente con el objetivo de evitar presiones en la tasa de cambio hasta octubre, genera esa posibilidad de obtener ganancias denominadas en una moneda robusta.
Sin embargo, aunque la escalada de precios internos y los rendimientos en moneda local pueden superar la posibilidad de mantener el dólar mayorista en torno a los $350 durante las próximas seis semanas, la volatilidad y la incertidumbre pronunciadas también podrían erosionar las ganancias potenciales asociadas con la estrategia de «carry trade».
Debe reconocerse que, en el contexto actual, la viabilidad de mantener el dólar a $350 hasta las elecciones generales es dudosa, considerando el telón de fondo de reservas limitadas y la escalada de precios.
La posibilidad de enfrentar nuevamente una devaluación de la tasa de cambio oficial se perfila posible. En consecuencia, las operaciones significativas de «carry trade» aún no han comenzado.
Una señal indicativa que suscita escepticismo sobre los desarrollos futuros es la sostenida y sustancial demanda de activos vinculados al dólar observada durante la última semana, junto con inversiones alineadas con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que refleja el aumento de precios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las expectativas de devaluación carecen de un establecimiento firme, y el mercado esta falto de confianza sobre la posible cesación de la aplicación de la «banda de flotación» o las devaluaciones diarias menores por parte del Banco Central.
El panorama es de incertidumbres generalizadas. Perspectiva a Mediano Plazo:
Los activos financieros vinculados a la evolución del dólar asumen prominencia en el horizonte a mediano plazo. Mantener activos ajustados por el dólar mayorista o el dólar MEP, como obligaciones negociables o bonos soberanos, emerge como una táctica prudente en un período de 60 días.
Esta estrategia responde a la volatilidad inherente en el comportamiento y la influencia del dólar.
Desafíos Inminentes: Deuda Pública, Superávit Fiscal y Ajustes Necesarios
Sin embargo, las tácticas a corto y mediano plazo y los desafíos económicos sustanciales siguen siendo habituales en el horizonte argentino. La deuda pública en pesos alcanza cifras considerables simultáneamente con un flujo de efectivo negativo y deuda existente, lo que genera una ecuación financiera significativamente comprometida.
Indudablemente, lograr un superávit fiscal notablemente alto lo más pronto posible es imperativo.
Sin embargo, en el contexto actual, la proyección de lograr tal objetivo sigue estando completamente obstaculizada por la ausencia de presencia en los mercados internacionales y la falta de un superávit de balanza de pagos que permitiría un aumento de las reservas del Banco Central.
Hasta el 16 de agosto, las obligaciones monetarias se encuentran en un momento crítico.
Las obligaciones monetarias no remuneradas constituyen el 25,2% de las reservas monetarias totales, por un monto de $6,4 billones.
Por otro lado, las obligaciones financieras remuneradas (Leliq, acuerdos repo y otros) incluyen el 74,8% restante, totalizando $25,5 billones. Cuando se evalúa la relación entre las obligaciones monetarias y las reservas (incorporando el desembolso del FMI), se obtiene una valoración de $820.
El mercado paralelo alcanzó este nivel, pero encontró resistencia y comenzó una reversión.
En algún momento, los fondos proporcionados por el FMI dejarán de estar presentes en las reservas, ya que se prestaron para cubrir obligaciones futuras. Además, las obligaciones monetarias están aumentando un 209% anual debido a la falta de pago de intereses por parte del Banco Central.
Esto podría precipitar una crisis monetaria a menos que se implementen reformas estructurales de manera pronta. Hasta el 15 de agosto, el patrimonio neto del Banco Central se estima en $27,544 mil millones.
Sin embargo, ese valor puede ser cuestionado debido a que el Banco Central posee activos valuados en $99,029 mil millones, tomados al 100% de su valor nominal, aunque no superen el 35% en un escenario de mercado optimista.
Por otro lado, los adelantos temporales al tesoro suman $13,117 mil millones. Considerando un déficit fiscal proyectado del 5% este año, el servicio de esta deuda será un desafío. Si los valores se valoran en un 35% de su valor nominal, el Banco Central debería reducir el valor de sus activos a $64,369 mil millones. Esto resultaría en un patrimonio neto negativo de $36,825 mil millones para el Banco Central.
La eliminación inmediata de los controles cambiarios por parte de la próxima administración parece poco plausible. Además, falta una cantidad suficiente de dólares en reserva para satisfacer la demanda del mercado.
Nuevamente, bajo estas suposiciones, la dolarización no puede ser contemplada.
El mercado espera determinaciones futuras, en particular en lo que respecta al panorama económico bajo una posible presidencia de Milei, que probablemente sería mucho más moderada que la retórica empleada para asegurar votos.
A cambio, el Banco Central persiste con sus intervenciones y compras de divisas, vigilante de las reservas y la capacidad de mantener la tasa de cambio en los próximos meses.
En conclusión, las medidas anunciadas por Massa generan más desafíos económicos que soluciones en medio de la compleja situación financiera del país. Alcanzar los objetivos fiscales y monetarios, la estabilidad de las reservas y las perspectivas para las políticas de tipo de cambio son preocupaciones centrales que siguen inquietando al mercado financiero, con todos los ojos puestos en la posibilidad de una presidencia de Milei y su impacto potencial en la economía.
La Dolarización Impracticable e Inconveniente
El resultado electoral ha transformado el discurso teórico en torno a la dolarización en un plan gubernamental dudoso para 2024.
Este plan, basado en el lema de «satisfacer la demanda popular de dólares en lugar de pesos» y la consiguiente reestructuración del Banco Central, requiere la formulación de pasos concretos hacia su implementación.
Existen reservas y dudas graves sobre la viabilidad de llevar a cabo tales reformas. Se vuelve imperativo examinar las consecuencias acumulativas junto con otros resultados derivados de la ejecución de estrategias destinadas a frenar o eliminar la inflación.
Estas constituyen, de hecho, los pilares centrales del discurso económico a emprender.
Para comprender este análisis, parece necesario, una vez más, definir el concepto de Letras de Liquidez o Leliqs emitidas por el Banco Central (BCRA).
Esta comprensión es crucial porque la emisión masiva de moneda, realizada como hace este gobierno con el nuevo y éticamente cuestionable Plan Platita, implica que esta moneda recién acuñada se utiliza para cubrir gastos que no pueden ser cubiertos de otra manera, dado los ingresos fiscales insuficientes.
En otras palabras, se aborda un déficit fiscal emitiendo estos pesos, ya que los préstamos del sector privado son insuficientes y no hay acceso a ningún mercado diferente.
Dos de cada tres pesos emitidos, una vez que las ineludibles obligaciones del gobierno con la seguridad, la educación y la salud afectadas en gran medida por las pensiones (que han visto erosionado el 40% de su poder adquisitivo en menos de un año), y sus dudosos planes de ayuda masiva son cumplidos, terminan en bancos como depósitos (serían convertidos a dólares si no hubiera controles de capitales y si existieran reservas).
Si los bancos pudieran prestar estos fondos nuevamente, el impacto resultante sería tan sustancial que desencadenaría una hiperinflación instantáneamente.
Los bancos han recibido este dinero como depósitos del público, pagando una tasa de interés por lo que han capturado. En consecuencia, dado que es necesario evitar que los bancos presten este dinero obtenido de la emisión, deben ser compensados por lo que han pagado.
El costo de emitir dinero y su posterior «esterilización» a través de la emisión de Leliqs asciende a $1,8 billones al mes (aproximadamente $2,800 millones) en pagos de intereses, ya que la tasa es del 120% anual sobre $19 mil millones (alrededor de $30.000l millones), utilizando una tasa de cambio de $645 por dólar.
Este ciclo crea una acumulación constante de pesos, exacerbando el crecimiento inflacionario de la economía.
La emisión masiva e incontrolada de pesos para financiar el déficit fiscal contrasta notablemente con la baja demanda de dinero, lo que significa que la población y otros agentes económicos no «demandan» o no desean mantener pesos.
Por lo tanto, la mayoría de los pesos emitidos se canalizan en depósitos y otros instrumentos remunerados, ya que no encuentran una vía de inversión. En este contexto, las entidades bancarias están obligadas a entregar una parte significativa (casi dos tercios de los depósitos en moneda local de los clientes) al BCRA a través de estas obligaciones remuneradas (Leliqs y acuerdos repo) ofrecidas por el BCRA.
Esta dinámica, amplificada por el aumento de las tasas de interés, afecta directamente a la macroeconomía y obstaculiza cualquier perspectiva de estabilización a corto plazo.
Actualmente, la base monetaria, que incluye el dinero en circulación en manos del público y la liquidez mantenida por los bancos, asciende a $6,5 billones. Esto implica que, únicamente a través de la emisión necesaria provocada por los pagos de intereses sobre las obligaciones remuneradas, el BCRA duplica la base monetaria cada tres meses.
La tasa de interés se ha incrementado para controlar la inflación, una estrategia que se ha revelado insuficiente, ya que el aumento de las tasas de interés generalmente no tiene un efecto lineal en la inflación.
En cambio, esto ejerce presión sobre las tasas de interés bancarias para los préstamos a corto plazo, lo que disminuye aún más la inversión y la producción. Con las tasas de interés en niveles tan elevados, no es sorprendente que las empresas no estén tomando préstamos para invertir en la economía, ya que los costos superan ampliamente cualquier beneficio.
A nivel bancario, la rentabilidad del préstamo a corto plazo es de alrededor del 0,1% y la inflación supera con creces esta cifra.
La dolarización en consecuencia, como medida, enfrenta numerosos desafíos en el contexto actual.
Una dolarización unilateral y rápida, sin un plan coherente para manejar la transición y las consecuencias, podría tener efectos devastadores en la economía.
En primer lugar, los controles de capital y las restricciones de acceso al dólar tendrían que eliminarse, lo que podría llevar a una fuga masiva de capitales y una rápida depreciación del peso.
En segundo lugar, la dolarización llevaría a la pérdida de control sobre la política monetaria y cambiaria, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para responder a shocks económicos y ajustar la política fiscal y monetaria según sea necesario.
En tercer lugar, la dolarización podría afectar la capacidad del país para administrar su deuda, ya que gran parte de la deuda está denominada en pesos. La conversión de esta deuda a dólares podría generar una carga aún mayor en términos de servicio de la deuda.
En cuarto lugar, la dolarización podría tener un impacto en los precios internos, ya que la economía argentina es altamente dependiente de las importaciones. Una apreciación repentina del peso podría llevar a una disminución en la competitividad de los productos nacionales y afectar a los productores locales.
En resumen, aunque la idea de la dolarización puede parecer atractiva en teoría, en la práctica presenta desafíos significativos y consecuencias impredecibles en el contexto actual de la economía argentina. Cualquier decisión relacionada con la dolarización debe ser cuidadosamente evaluada y planificada para mitigar los riesgos y maximizar los beneficios potenciales.