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ABSTRACT

Muchos factores afectarán negativamente este año a la economía y en consecuencia a la vida diaria. Se pueden anticipar con seguridad el incumplimiento del acuerdo con el FMI en lo referente a la inflación y a la acumulación de reservas genuinas. Seguirá creciendo el conflicto dentro del gobierno   con imprevisibles consecuencias, y los movimientos de capitales internacionales resultarán perjudiciales para el país, en un contexto internacional volátil. La inflación local se mantiene en un nivel insoportable para los sectores más vulnerables y es el principal riesgo para la macroeconomía.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está sometido a un estrés en sus principales metas, a pesar de haberse anunciado un 76% de cumplimiento para la primera revisión. Hubo maniobras contables novedosas para poder anunciarlo.

Cada semana se suman datos que aseguran la renegociación de las metas del acuerdo. A la meta inflacionaria que no se cumplirá, se le añadió el casi seguro incumplimiento del objetivo de acumulación de reservas, porque durante el primer cuatrimestre el BCRA realizó compras de divisas   por debajo del promedio de años anteriores.

Además el déficit primario no caerá al 2,5% como pide el FMI para 2022 y se ubicará s nuevamente en 3% del PBI o tal vez más.

La emisión monetaria tampoco será del 1% como indica el acuerdo y lo más probable es que termine en 2% del PBI. Eso indica la tendencia, porque en el último día de abril hubo una emisión monetaria por $ 80.000 millones. En enero se había emitido $ 122.000 millones. Los $ 200.000 millones emitidos en total equivalen al 0.3% del PBI. 

Esta emisión se debe a que el gobierno   – por primera vez – solo pudo renovar el 90% de los vencimientos de deuda en pesos que vencían. Una emisión equivalente al 0,3% del PBI en tres meses, es garantía de incumplimiento de la meta pactada con el FMI, que es el 1% anual expresado nominalmente.

Esto se debe a que se trata de limitar la toma de pesos ajustados por inflación para frenar un incremento que haría enorme la deuda, pero al sector privado no le cierra prestar al gobierno sin ajuste por inflación (CER).

El margen de financiamiento disponible queda – para lo que resta del año por emisión – en $ 503.000 millones para cumplir con el acuerdo.  Parece insuficiente ante el gasto descontrolado actual.

En este año 2022 el crecimiento económico será entre 3% y 3.3% solo por arrastre del 2021, sin expansión del PBI y con una tasa de inflación no menor al 68/71% con la posibilidad de una alternativa aún más negativa.

 Las razones

La aceptación de gestión y la imagen del oficialismo cayeron al mínimo desde su inicio, lo que es un nivel equivalente a 29 % de los votos y la facción de CFK ataca abierta y   agresivamente al presidente y su pequeño equipo. Presiona insistentemente por la renuncia del ministro Guzmán en forma pública y cada vez más belicosa – descalificándolo groseramente – pero no hay ningún reemplazante posible en estas condiciones tan críticas.

El sustituto no tendría equipo propio, ni soporte político para acuerdos estructurales y dependería de la voluntad de la facción que responde a CFK.

Exceptuando a alguna figura oportunista destinada a fracasar, ningún economista podría – per se – reorientar las desviaciones de los precios relativos, revertir la tendencia inflacionaria, cumplir las metas con el FMI y mucho menos satisfacer la peculiar ortodoxia del Albertismo bajo presión de la vicepresidenta.

Por estas razones y a pesar de cierta reactivación económica post pandemia, hasta 2024 las condiciones macroeconómicas no pueden mejorar, pero si pueden empeorar.

La desconfianza en el gobierno, y la poca probabilidad de éxito que se le asigna al objetivo de ordenar la macro, se ven reflejados en el Riesgo País. Ha llegado a los 1970 puntos en la primera semana de marzo de este año, el máximo desde la reestructuración de la deuda en 2020; el acuerdo con el fondo trajo algo de alivio y el riesgo país bajó un poco.

Sin embargo, a mediados de abril volvió a aumentar hasta llegar a 1800. Ni siquiera el compromiso con el Fondo resultó positivo para el valor de los bonos argentinos, ya que este gobierno no genera los fundamentos mínimos necesarios para esperar una recuperación o al menos cierta estabilidad en el corto y mediano plazo.

Confirmando la falta de confianza en una conducción partida cuyas múltiples facciones se agreden mutuamente hasta el insulto y la provocación, no se lograron renovar los vencimientos del mes de abril, hubo pérdida de financiamiento y fue necesario recurrir a contabilidad   creativa para poder anunciar algún cumplimiento de las metas pactadas con el FMI.

La coyuntura

Era esperable que el acuerdo permitiría que el gobierno   actuara dentro de los parámetros livianos y de cierta disciplina que le impuso el Fondo, y que eso facilitaría un reacomodamiento mínimo y progresivo – aunque lento – de la macroeconomía. Ese fue el supuesto esperable durante marzo.

Era necesario que esta administración mantuviera su singular política económica con la aceptación de un laxo acuerdo con el FMI en la versión más complaciente de su historia. Esta aceptación mutua pudo ser porque no es conveniente para los burócratas de ambos lados ninguna otra cosa que evitar el default y que argentina llegara a las elecciones de 2023 sin una situación macroeconómica y social caótica. En este acuerdo, el bienestar general de la población en el corto plazo no se tuvo en cuenta.

Se suponía que el gobierno   argentino haría sus mejores esfuerzos para, sin mayores inconvenientes, cumplir con los   generosos objetivos en materia fiscal, monetaria y cambiaria del acuerdo, exigidos para que el Fondo hiciera los desembolsos pactados para ir cancelando la deuda del préstamo anterior, según lo acordado. 

El acuerdo es un corset macroeconómico liviano que se le impuso al país, y su principal ventaja era que por primera vez un gobierno   kirchnerista tendría un plan económico sin exigencias mayores. Ese plan le permitiría – supuestamente – salir del diseño ¨arreglemos los síntomas, no los problemas, sobre la marcha¨. Era esperable que luego de la aprobación de las condiciones del acuerdo en el Congreso el gobierno   haría lo que se esperaba de él, que era usar el plan para mejorar las expectativas y esforzarse por cumplir los objetivos que le fueron impuestos.

Sin embargo, y habiendo transcurrido la primera etapa el cumplimiento de los objetivos es opinable, por lo cual las inestables condiciones actuales pueden ir derivando hacia un descontrol económico con una inflación anualizada superior al 100%. El desorden puede ocurrir porque el gasto público se mantiene fuera de toda lógica, el gobierno   no da señales de sentirse comprometido con el plan y en consecuencia la inflación ha llegado a niveles disruptivos para la estabilidad macroeconómica.

Al margen, pero no menos importante, el gobierno   no ha ofrecido un ¨full disclosure¨ del plan que contiene cláusulas reservadas.

Las metas trimestrales y su cumplimiento

Lo que se le ha exigido al gobierno   de Fernández y de CFK es menos que exigente en lo fiscal, no contiene metas monetarias que siempre han sido el cornerstone de todos los planes del FMI sin excepciones. Incluso se permite dentro de esas metas todo lo contrario a lo normal para el FMI: que se emita moneda por hasta el 1% el PBI.

No se ha exigido ninguna clase de ajuste estructural en un país donde la endémica mala praxis política lo ha hecho retroceder hasta un PBI 15% inferior al que recibió CFK al asumir. Un programa de esta naturaleza es inflacionario desde cualquier ángulo en que se lo analice, no exige casi nada y será revisado   livianamente aceptando desvíos.

El Gobierno   no alcanzó la meta fiscal del primer trimestre y todo indica que será cuesta arriba alcanzar la meta anual de acumulación de reservas internacionales netas y que el ritmo de devaluación del peso y la tasa de interés se mantengan por debajo de la inflación.

Al estar el ritmo de devaluación del peso y la tasa de interés por debajo de la inflación se deteriora la “competitividad» del tipo de cambio real para exportar, y no se cumple con establecer una tasa de interés real positiva exigida en el acuerdo. La causa es la mala praxis que hace incapaz al gobierno para reducir la inflación.

El acuerdo es más que generoso para Argentina

El FMI ha ofrecido una ayuda extraordinaria a nuestro país, por lo cual es imposible caer en atrasos con el organismo que terminarían en un escenario   poco deseable.

A fin de marzo el FMI desembolsó Derechos especiales de giro por U$S 9.656 millones con los que se pagaron al mismo FMI U$S 2.778 millones y se aumentaron las reservas porque los Derechos Especiales de Giro fueron superiores a los vencimientos.

Los desembolsos – como hemos descripto en nuestro informe anterior – generaron un sobrante de U$S 6.878 millones de los que ingresaron al Central solamente U$S 6.200 millones porque hubo que cancelar un préstamo de emergencia armado como swap para contar con alguna reserva líquida a fines de 2021.

A mediados de mayo habrá un nuevo desembolso del FMI con lo cual el total recibido será de U$S 9.620 millones en los primeros seis meses de vigencia del acuerdo. La deuda total con el FMI habrá aumentado entonces a U$S 50.300 millones.

Pero más tarde en el año 2022 los desembolsos del FMI serán inferiores a los vencimientos, con lo cual a fin de este año habrá U$S 6.826 millones de los que solamente se pueden computar U$S 4.402 millones para cumplir con la meta de reservas internacionales netas exigidas que son U$S 5.000 millones.

El FMI considera a la deuda como ¨no sustentable con alta probabilidad¨ no obstante lo cual aumentó la deuda a U$S46.852 millones en marzo facilitando con eso que las reservas internacionales netas que eran negativas en U$S240 millones pasaran a U$S4, 267 millones positivas.

Por el momento las reservas son más consistentes.

Todos los desembolsos futuros del FMI son imprescindibles. Sin ellos la economía quedaría al borde de una ruptura en el desarrollo de la actividad y se caería en la necesidad de acciones radicales. Para evitar esa situación crítica es necesario mantener la vigencia del acuerdo hasta fines de 2023.

Le guste o no a la facción de CFK, el Gobierno tendrá que cumplir con las metas acordadas y evitar que se suspendan los desembolsos del Fondo o conseguir waivers para que el país siga recibiendo los desembolsos para pagar al mismo FMI.

El compromiso fiscal del primer trimestre no se cumplió

Si bien el compromiso fiscal del primer trimestre no era exigente se incumplió. Había que llegar a un déficit de $ 222.000 millones (el Fondo no pide relacionar déficit/PBI, sino que prefiere metas nominales). El Gobierno   afirma que la ha cumplido porque tuvo un déficit de $ 193.000 millones en el primer trimestre.

Pero un   sencillo análisis indica que se llega a $ 193.000 millones contabilizando como ingresos en marzo rentas de la propiedad «inesperadas» por $122.000 millones algo que es contabilidad creativa y por montos elevados que jamás se contabilizaron de esa forma.

Se consideró ¨rentas de la propiedad a la diferencia entre el valor efectivo recibido por la colocación de deuda y su valor nominal original. Simplificando: en la práctica contabilizaron como ganancias la inflación acumulada desde que se emitió una serie de bonos. Esto se hizo con 14 bonos en marzo y 21 bonos en el primer trimestre, lo cual le permitió al Gobierno imaginar rentas de propiedad por $122.000 millones en los primeros tres meses del año y reducir el déficit primario a $193.000 millones cuando el déficit real es de $315.000 millones.

El gasto público

Es central en el cálculo del déficit pero se ha acelerado notablemente en los primeros meses del año: aumentó 70% respecto de 2021 en el mismo período, esto es más de 10% en términos reales. Y en marzo también aumentó 22% en términos reales aun restando el gasto en COVID.

Era esperable que el programa del acuerdo con el FMI fuera más que generoso fiscalmente, pero esto excede la lógica: el Gobierno   ya venía aumentado el gasto impulsando una política fiscal expansiva y pro cíclica desde antes del incremento del gasto de abril en subsidios y bonos para jubilados, monotributistas sociales, trabajadores informales y otros.

El cuadro grafica la magnitud del gasto público.

Este gobierno   tiene enormes gastos en prestaciones sociales, subsidios y gasto político de todo tipo y en buena medida fuera de controles, que solo se pueden pagar con impuestos o con emisión de moneda. Considerar como ingresos la inflación de parte de la deuda contraída es una falacia que en este caso el FMI convalidará con severos reparos. Ese subterfugio ya se venía haciendo desde que asumió CFK su primera presidencia.     

Se ha alcanzado un grado de descontrol inaceptable del gasto público. Los subsidios económicos previstos en 2,4% del PBI en 2022 llegan al 3%, y fueron 120% mayores que el año anterior, esto es 50% en términos reales. Las empresas pública perdieron 30% en términos reales más que el año anterior y Aerolíneas Argentinas pierde diariamente U$S 2.000.000.-

No es cierto que la inflación ha licuado parte del gasto público, tampoco aumentó los ingresos fiscales.

El gasto en asistencia social creció 7% por encima de la inflación, los salarios de los políticos y de los empleados públicos aumentaron 10% por encima de la inflación y las transferencias a provincias treparon 11.5% en términos reales (con la mayor parte destinado a la provincia de Buenos Aires), registrando en marzo un incremento por sobre la inflación de 43%.

En consecuencia el gasto primario aumentó 12.0% más que la inflación y los ingresos tributarios crecieron apenas un 3.6% real.

Si esto continúa – y no parece que fuera de otro modo – será imposible bajar el déficit primario, pero a pesar de todo, de lo grosero que se ha hecho con el acuerdo lo más probable es que ese incumplimiento no trabe el próximo desembolso del 10 de mayo.

Como se financia este nivel poco razonable de gasto

En mayo vencen $ 880.000 millones en pesos, el mercado solo acepta financiar con letras que ajusten por inflación de corto plazo con vencimiento antes del año 2024, porque el próximo gobierno   deberá refinanciar estos pagos.

Por esa razón, se presenta un dilema:   si el gobierno   sale a colocar bonos con renta fija, nadie los tomará porque la tasa estaría por debajo de la inflación. Si el gobierno   sale a ofrecer bonos ajustados por dólar oficial, tampoco el mercado lo aceptará, porque la experiencia reciente – la volatilidad cambiaria – fue catastrófica para el carry trade. Solo se puede emitir bonos ajustados por inflación con vencimiento durante 2023 algo que el FMI no permite, o volver a la emisión monetaria, algo que el FMI objeta si supera 1% del PBI.

Como resolver el dilema

En el corto plazo, el gobierno   no puede hacer otra cosa que seguir endeudándose en el mercado, tomar el crédito al sector privado demorando el crecimiento y postergar la emisión monetaria para cuando el escenario de financiamiento de gastos llegue a un punto límite, esto sería cuando hayan extinguido el crédito para el sector privado.

En los dos últimos meses el crédito al sector privado que tuvo mayor incremento fueron los Créditos ajustables por inflación, con aumentos entre el 6,3% y el 9,6% en términos reales.

Los agentes económicos que prestan al gobierno   – voluntaria o forzadamente – también se defienden de un futuro difuso. Desde abril los préstamos del sector privado al Tesoro nacional se hacen atados a la inflación y de corto plazo. No hay peor muestra de la poca confianza que se tiene en el manejo de la política económica.

Esto significa que el ahorro se canaliza hacia opciones que ofrezcan una alternativa segura ante la falta de estabilidad económica. Las consecuencias impactan directamente en el déficit fiscal y anulan el principal ¨impuesto¨ del gobierno: el impuesto inflacionario.

En marzo los préstamos no indexados por inflación representaron el 77% de las colocaciones del gobierno, en abril ese porcentaje bajó hasta el 49% y en consecuencia no se pudieron conseguir las renovaciones esperadas, apenas se llegó al 91%. Por primera vez en el año el Tesoro no pudo captar el total del financiamiento que necesitaba.

En los tres primeros meses se pudo colocar deuda por $641.000 millones con lo cual se cubrió el déficit fiscal de $338.000 y con el excedente se pudo conseguir una contracción monetaria de $303.000 millones, la renovación de deuda del primer trimestre fue del 135%, pero se redujo en abril a 91%, como ya hemos mencionado.

Hay más de un problema en materia fiscal porque el gobierno sufre tironeos de diversos sectores, no cuenta con recursos para atenderlos, debe cumplir con el FMI y recibe una presión desestabilizadora de CFK. Esto tiende a agravarse con la política fiscal expansiva de aumento de subsidios y bonos para redistribuir ingresos anunciados en abril y que se debe cumplir.

El sector privado tiende a agotar sus recursos

Es central tomar fondos del sector privado para alcanzar la meta de $ 1.747.000 millones. Algo   complicado porque los vencimientos de la deuda actual con ese sector crece exponencialmente porque cada vez hay más proporción de deuda indexada por inflación y Dollar link. En apenas ocho meses (entre agosto del año pasado y abril de este año) se duplicaron los vencimientos de la deuda a pagar o renovar en los próximos seis meses, los que hoy ascienden a unos $3,700.000 millones para los seis próximos meses.

Meta anual de reservas externas: se complica su cumplimiento

La devaluación sigue siendo menor que la tasa mensual de inflación.

En la estrategia cambiaria definida en el programa macroeconómico acordado con el FMI, la tasa de devaluación debería ser 5% mensual. Este aumento va a subir la tasa de inflación, tal como se deduce de la correlación entre el comportamiento de la tasa de devaluación y la tasa de inflación.

Si se aumenta la tasa de devaluación de manera que entre abril y diciembre de 2022 fuera 4,5% mensual el precio del dólar oficial, al cabo de todo el año, resultaría ser 60% más alto que al cierre de abril.

Se ha fijado en el programa la tasa de devaluación, y la tasa de interés del Banco Central y, de eso surge la tasa que habrá que pagar para conseguir el financiamiento que necesita para el déficit fiscal.

El aumento de la tasa de interés, y la indexación de los préstamos tomados por el gobierno   mantiene comprimida a la brecha cambiaria, pero con alto costo. La menor suba del precio del dólar en el mercado libre diluirá el efecto sobre la tasa de inflación.

Alcanzar reservas internacionales netas en el primer trimestre del año se sobre cumplió en U$S1, 500 millones debido a los desembolsos recibidos del FMI por U$S4, 379 millones.

Para cumplir con la meta del primer semestre del año, el BCRA necesita comprar por lo menos U$S1, 000 millones en el mercado cambiario oficial.

Más compleja es la meta anual de reservas netas porque como el peso se aprecia (devaluación inferior a inflación) no es posible que el BCRA logre comprar los U$S3, 000 millones que debe conseguir en el mercado cambiario oficial para alcanzar el objetivo de reservas del año.

Hay un compromiso en el acuerdo con el FMI a mantener el tipo de cambio real multilateral de diciembre de 2021 a pesar de que el peso se revalorizó 21% durante el 2021 algo que parece hasta sospechoso por parte del FMI.

La evolución del mercado cambiario si se repite lo ocurrido en el primer trimestre del año y siguen los eventos mundiales que están afectando los precios de nuestras exportaciones y el costo de las importaciones de energía se reduce el saldo comercial favorable.

Es posible que en estas condiciones climáticas e internacionales no controlables se reduzca el saldo Comercial desde U$S 15.000 millones en 2021 a menos de U$S 9.000 millones en 2022.

El aumento del precio de las importaciones de energía provocará un aumento mayor de las importaciones que el aumento de las exportaciones generadas por el mejoramiento de los precios de nuestros commodities.

El cuadro grafica la caída real y la esperada del Saldo Comercial, la creciente relación de las importaciones respeto de las exportaciones y una tendencia a que con un mayor nivel de actividad se pierde el saldo comercial.

Tomando como ingreso en la cuenta capital los dólares del nuevo préstamo de facilidades extendidas del FMI, el aumento de reservas es de U$S 1.000 millones de dólares, y el objetivo comprometido es de U$S 5000 millones de dólares.

La comparación de las compras netas de reservas hasta la tercera semana de abril de 2022 es indicio de la dificultad para cumplir con la meta de acumulación de reservas.

No se puede restringir aún más las importaciones no energéticas, porque ya se son muy visibles los efectos negativos por las restricciones vigentes. De hacerlo, se anula el proceso de reactivación de la economía y el crecimiento del PBI.

Ese crecimiento (que no es otra cosa que recuperar apenas la enorme caída del 2020) es el único resultado positivo que el gobierno   puede mostrar de su gestión económica.

Que podría pasar con los salarios

Los sindicatos van a reclamar aumentos más elevados que los que se contemplaban en el programa macroeconómico. 

Pero está demostrado que recuperar el ritmo de aumento de los salarios, genera que la inflación termina aumentando y deteriorando nuevamente el salario real.

Por lo tanto, aun cuando los sindicatos demanden aumentos de entre el 50% y el 80% para los próximos 12 meses, durante 2022 los salarios no pueden subir más 60%, porque los salarios en la economía informal que siempre quedan rezagados retrasan el promedio. Además, en el sector público, los salarios no podrán subir mucho más del 4% mensual para cumplir con las metas fiscales. Pero este gobierno   no parece tener espaldas para soportar presiones salariales.

Como puede apreciarse los salarios siempre han perdido y acumulado pérdidas vs. Inflación y en 2022 no pueden recomponerse totalmente.

Algo peor ha ocurrido con las jubilaciones de quienes cumplieron rigurosamente con sus aportes por más de 30/40 años. Nunca se podrán recomponer y son la variable de ajuste junto con la inflación.

En conjunto

Los subsidios

Los recursos y gastos fiscales deben aumentar al menos en los mismos porcentajes con respecto al PBI que en 2021, excepto en los subsidios sociales y económicos para cumplir con el FMI.

Se ha comprometido una reducción de 0,80% del PBI aumentando los precios de la electricidad, el gas y los transportes. Esta reducción no baja el gasto de 20,3% del PBI que hubo en 2021. No alcanza para llevar el déficit fiscal al 2,5% planeado en el programa macroeconómico acordado con el FMI.

Además, con seguridad habrá reducciones en rubros tales como las jubilaciones genuinas que ya han sufrido una   elevada reducción (quienes han aportado junto con sus empleadores más de 30 años) entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022, para permitir el aumento de los programas sociales con que se trató de paliar el efecto de la pandemia y que, en 2022 se ampliarán, siempre a costa de los jubilados, sin reducir el gasto político menos que ineficiente.

En resumen

Se puede proyectar – con la reserva de las volátiles acciones de la política – para 2022 un crecimiento de 3.3% lo que es algo nulo, ya que se trata de arrastre. Es en realidad una caída de 0.8%.

La inflación piso tomando todas las variables tal como se han elaborado en el informe será de 65/70% o superior. Aquí cabe considerar que si la inflación resulta un verdadero problema para el gobierno, puede que el Central desacelere el ritmo de la devaluación a 3% a pesar que tiene un compromiso devaluatorio mensual de 4.5%.

El Gobierno   no cumplirá con la meta fiscal del año (o la cumplirá con dibujos contables) y tampoco cumplirá con la meta anual de acumulación de reservas externas. Pero el FMI otorgará los waivers que sean necesarios para que el país siga recibiendo los desembolsos.

Habrá apoyo político del FMI para evitar que la Argentina caiga en atrasos.

Se mantendrá el comportamiento monetario observado y el BCRA subirá más la tasa de interés de las Leliqs a 58.7% efectiva anual. Ese aumento de la tasa de interés evitará que se aumenten las brechas cambiarias y una mayor tasa de interés permitirá colocar deuda para refinanciar los vencimientos y tener recursos para cubrir la diferencia entre el déficit fiscal y el 1% del PBI de financiamiento monetario autorizado.

PANORAMA POLÍTICO A PRINCIPIOS DE MAYO      

La política argentina parece encaminarse hacia tres espacios: Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza. Un promedio de la intención de voto al 5 de mayo muestra que la oposición suma el 33%, el 23% el oficialismo y el 21% la extrema derecha ¨libertaria¨.  

Faltan 18 meses para las elecciones presidenciales y 15 para las PASO. Muchas cosas pueden cambiar hasta entonces en términos electorales, con una economía inestable y crisis en las dos coaliciones que dominan el Congreso y las gobernaciones. El cambio registrado es el crecimiento de la extrema derecha libertaria como tercer espacio competitivo para la segunda vuelta. Una posibilidad impensable hasta hace semanas.  

Desde el punto de vista ideológico, confirma un giro a la derecha en el electorado argentino. Muestra que el rechazo a la política supera el antagonismo hacia los ricos y poderosos. Por eso la izquierda no registra crecimiento en su intención de voto en este momento.  

La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se renovarán con la elección presidencial. Sin embargo, la extrema derecha libertaria tiene hoy una mínima representación parlamentaria y no ocupa la presidencia de ninguna de las 40 comisiones de la Cámara Baja.

Su problema, en el futuro, no sería electoral sino la eventual gobernabilidad ya que no tendría -en el improbable e hipotético caso de colocar a su candidato en la presidencia- el control de ninguna de las Cámaras del Congreso, y estará lejos de lograrlo. Sin embargo, esto es muy lejano e improbable.    

Hay una crisis en la oposición por la falta de liderazgo y la lucha por las candidaturas. La extrema derecha libertaria ha sido la que ha hecho visible esta crisis. La negativa a incorporarlos a la coalición -que no pidieron ni quisieron- hizo que la oposición formal fuera homogénea, pero esta definición fue revisada horas después. También tienen profundas divergencias ideológicas con la Presidencia de la UCR, que tiene una posición abiertamente antagónica con el ex presidente.     

Al mismo tiempo, la lucha de poder entre el Presidente y el Vicepresidente por el liderazgo del partido gobernante se acelera e intensifica. El Vicepresidente critica constante y públicamente al Presidente. 

Cabe recordar que en 2020 y 2021, se expresó a través de cartas en Facebook cada cuatro meses. Al mismo tiempo, toda la poderosa facción extrema del gobierno ataca frontalmente al ministro de Economía. 

Impulsan en el Senado el proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte para diluir la actual mayoría y negociar un acuerdo con el radicalismo para cubrir las vacantes. El viernes 6 de mayo realizaron una marcha exigiendo la renuncia de la Corte, que resultó pobre y patética por la mínima adhesión y la presencia de ex dirigentes condenados por corrupción con los más rancios de la peor imagen política. 

La ciudad sufrió cada día más la expresión de la protesta social y las reivindicaciones políticas: hubo diez actos, tres acampadas y ocho marchas en 20 días. La retirada de la CGT es relevante.   

Esta ocupación casi permanente de los espacios públicos es llevada a cabo por los movimientos beneficiarios de la ayuda gubernamental y expresa el descontento y la oposición a la ayuda recibida. La ocupación permanente de los espacios públicos es una clara señal del enorme malestar social provocado por la mala praxis del gobierno y sus luchas internas de poder.