Un Desastre Económico, Social y Político Forjado por Massa y el Oficialismo.
A menudo subestimamos lo que poseemos, aunque sea muy poco. Es un comportamiento que se repite con frecuencia. Asumimos tener derechos inalienables, que nadie ni nada nos arrebatará. Concebimos la democracia como un sistema político inmutable, un pilar de nuestra vida cotidiana, pero no tomamos en cuenta que las maquinarias políticas, estructuradas desde el poder pueden ejercer un claro dominio sobre nuestra calidad de vida.
Cuarenta años pueden parecer un suspiro en la historia, pero al mismo tiempo, representan una eternidad. Son una eternidad porque se ha hecho lo posible para vivir bajo el imperio de la ley después de un siglo XX y dos décadas del siglo XXI que fueron tumultuosos, marcado por los poderes fácticos siempre dispuestos a intervenir a su antojo, sin importar lo que estableciera la Constitución y mucho menos el bienestar de la población, sólo el suyo.
El 30 de octubre de 1983, millones de argentinos se dirigieron a las urnas para elegir un nuevo presidente, poniendo fin a una década de dictaduras. Raúl Alfonsín tuvo la responsabilidad de trazar el camino que, a pesar de inconcebibles gobiernos y tropiezos, todavía, a duras penas, continuamos recorriendo.
Es un camino del que nunca más deberíamos apartarnos, pero no parece que la población haya comprendido que no avanza en el sentido correcto.
El panorama político argentino se presenta como un naufragio en medio de la tormenta. Los resultados electorales recientes no dejan lugar a dudas: la población busca desesperadamente soluciones a sus problemas individuales en un contexto de crisis económica y social que parece no tener fin.
La incertidumbre se cierne sobre el país como una losa, y la acción política parece ser una suerte de tragicomedia sin fin. Los líderes políticos argentinos, o más bien los titiriteros que mueven los hilos desde las sombras, han llevado al país al borde del abismo.
La población ha sido anestesiada y sometida a los caprichos de una mujer con probablemente muchos problemas mentales, pero muy lúcida para conformar una formidable maquinaria de poder, con solamente dos o tres alfiles y muchos soldaditos bien pagos.
En un país que pudo ser próspero, es muy probable que debamos sufrir años aún más oscuros que los que estamos viviendo. Años de ruptura del tejido social, de frustración, en los que todo se torna aún peor.
La corrupción campea a sus anchas, y la justicia se desintegra ante nuestros ojos, mientras una nueva familia monárquica, los Massa, se alza en el horizonte. Bienvenidos a la pesadilla argentina.
En el complejo escenario político argentino, la idea de mantener una división equitativa entre los candidatos una vez definidos los dos principales contendientes para las elecciones presidenciales del 19 de noviembre podría parecer risible, teniendo en cuenta la maquinaria de manipulación electoral que opera en las sombras.
Pero, lamentablemente, esta idea se convierte en algo que roza lo absurdo cuando se examina el contexto político en el que nos encontramos.
Los resultados de las recientes elecciones primarias arrojaron un panorama desolador: Massa, Milei y Bullrich, en ese orden, reunieron el 90% de los votos positivos, en medio de una participación del 77,6% de los electores habilitados, la más baja desde el año 2007.
Pero lo verdaderamente demuestra que más de un tercio de la población, la más hundida y sometida, a los que se suman cientos de miles de parásitos del estado, es la sorpresa que causó el hecho de que Massa se alzara con el primer lugar, obteniendo el 36,68% de los votos, a pesar de que esta elección marcó la peor performance de la historia del peronismo unido.
Para entender este fenómeno, las explicaciones superficiales se han convertido en el pan de cada día. Se culpa a los votantes más empobrecidos de no saber ejercer su derecho al voto y se acusa al ciudadano común de ser cómplice de la corrupción. Sin embargo, la realidad es mucho más siniestra. La corrupción institucionalizada se gesta en los altos círculos del poder, mientras que los más vulnerables son utilizados como peones en un juego perverso.
Los habitantes de municipios empobrecidos como Lomas de Zamora y La Matanza pueden ver cómo sus líderes locales se enriquecen a costa de sus sufrimientos, pero la pregunta inquietante es cómo es posible que esta corrupción quede impune en los niveles legislativos y deliberativos que comparten espacios políticos desde hace décadas. Las respuestas se ocultan en las sombras de un poder decadente.
La oposición, en especial Juntos por el Cambio, ha demostrado ser un fiasco monumental. En lugar de capitalizar su resonante victoria en 2021, sus líderes se han enfrascado en peleas internas y disputas públicas que solo han minado la confianza de la ciudadanía en la posibilidad de un cambio real. Milei, por su parte, ha sucumbido a su propia vanidad y ha dejado de lado la coherencia en su discurso, llevando su campaña a un nivel de absurdo sin precedentes.
En ambos casos, los supuestos líderes políticos, que en su momento prometieron soluciones, se han convertido en títeres de una maquinaria de poder que es responsable de la miseria y la degradación del país. Mientras tanto, el pueblo argentino es testigo de una tragicomedia que no tiene fin, donde las promesas vacías y los discursos infantiles son moneda corriente.
El futuro se presenta incierto, y los desafíos son monumentales. La población argentina está atrapada en un espiral descendente de desesperación y desencanto. Solo el tiempo dirá si los líderes políticos logran romper este ciclo vicioso o si la pesadilla continúa.El mercado experimentó un comportamiento mixto después de los sorpresivos resultados en las elecciones del domingo. Por un lado, se redujo la presión hacia la dolarización pero por otro, se observó un colapso en los precios de bonos y acciones
Durante las primeras semanas de octubre, los precios de los dólares alternativos experimentaron un significativo aumento, al igual que la brecha entre estos y el tipo de cambio oficial, así como los futuros del Rofex.
También se observó una disminución en los depósitos en pesos y la retirada de depósitos en dólares por parte del sector privado. Estos movimientos eran resultado del temor a una eventual dolarización con Milei como presidente, así como de un aumento en el gasto público tras las PASO, en un momento de disminución acelerada de la demanda de pesos.
El resultado de las elecciones presidenciales del domingo cambió el panorama y redujo las posibilidades del candidato de LLA en el balotaje, lo que disminuyó la probabilidad de una dolarización en 2024. Este nuevo escenario alivió la tensión en el mercado de cambios, y la brecha disminuyó entre 30 y 70 puntos, aunque todavía se mantiene en niveles récord.
Por ejemplo, el precio del dólar informal y el CCL pasaron de $1,100 a $990 (-10%) y $860 (-22%), respectivamente. Los contratos de dólar futuro para diciembre de 2023 cerraron en $608 esta semana, en comparación con los $820 del día previo a las elecciones.
El mercado bursátil reaccionó de manera muy diferente. Hubo una caída generalizada en los precios de las acciones locales, con pérdidas de hasta el 25% en algunos activos, y el Índice Merval cerró un 18% por debajo de su valor en pesos previo a las elecciones. Además, los bonos soberanos también experimentaron una caída en su cotización en dólares, lo que resultó en un aumento en el riesgo país, que cerró en 2,560 puntos este viernes en comparación con los 2,412 del 20 de octubre.
Estas aparentes contradicciones son a causa de que la economía argentina continúa siendo objeto de un profundo escrutinio en el escenario económico internacional, y por buenas razones. La macro ha enfrentado desafíos significativos en lo que respecta a su deuda, tanto interna como externa.
En primer lugar, es importante destacar que la deuda argentina se divide en dos categorías principales:
- la deuda externa
- la deuda interna.
La suma total de la deuda, que incluye al sector público, el Banco Central (BCRA) y el sector privado, asciende a un asombroso total de U$S 276.201 millones.
Sin embargo, el análisis detallado revela que la deuda interna, que comprende al sector público y al BCRA, alcanza los U$S 116.798 millones. Esto implica que la deuda exigible total asciende a U$S 392.999 millones de dólares, un monto impresionante que debe gestionarse de manera efectiva.
Un aspecto interesante de la situación de la deuda argentina es la disparidad en las tasas de interés que se aplican a la deuda externa e interna.
La deuda externa se caracteriza por tasas de interés relativamente bajas, lo que reduce el costo de los intereses para el sector público en aproximadamente un 3,3% anual.
No obstante, en el caso del Banco Central, las tasas de interés son considerablemente más elevadas. En contraste, la deuda interna se encuentra sometida a tasas en pesos notoriamente altas. Parte de esta deuda pública interna se ajusta por inflación, mientras que la deuda del BCRA está sometida a una tasa asombrosa del 133% anual.
Este escenario de tasas de interés disímiles crea un dilema en términos de sostenibilidad de la deuda.
La deuda argentina podría considerarse manejable si se lograra recuperar el acceso al crédito internacional y se pudiera refinanciar esta deuda en el futuro. Sin embargo, esta recuperación de acceso al crédito internacional requiere de manera imperiosa que el país alcance un superávit fiscal.
Actualmente, el resultado de las cuentas públicas de tesorería muestra un déficit del 4,5% del PBI y se proyecta un aumento futuro al 5,8% del PIB, teniendo en cuenta el posible aumento de las tasas de interés. Por lo cual, habrá que esperar mucho tiempo antes de que el país logre un superavit fiscal suficiente como para operar con un mínimo de normalidad.
La falta de un ajuste fiscal de esta magnitud podría tener consecuencias devastadoras.
Sin un ajuste del 5,8%, existe la certeza de que el gobierno argentino se vea forzado a incumplir sus compromisos de deuda, dado que los vencimientos de la misma son significativos y las reservas brutas del Banco Central no superan los U$S 25.000 millones.
La implementación de un ajuste presupuestario se presenta como una opción que podría evitar la violación de contratos y permitir una reversión del actual panorama económico.
En contraste, la falta de un ajuste presupuestario dramático que Massa no puede hacer de manera oportuna y rápida podría conducir a situaciones imprevistas, donde las violaciones de los derechos de propiedad podrían estar más cerca de lo que se cree.
La llegada de un nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2023, independientemente de quién resulte victorioso y de las decisiones que tome, marcará un cambio significativo en la situación económica de Argentina.
La incertidumbre que rodea a este evento político se ha convertido en un factor clave en la toma de decisiones económicas y financieras.
Los actores económicos, ya sean inversionistas en títulos públicos, con tenencias en pesos o dólares, dentro o fuera de Argentina, deben prepararse para afrontar estos eventos. Nos encontramos a menos de 18 días de las elecciones y a 29 días de la asunción del nuevo gobierno.
La adrenalina de los agentes económicos está al máximo en un entorno económico que demanda una toma de decisiones informada y cautelosa.
La situación de la deuda argentina presenta un complejo rompecabezas económico que requiere una solución inteligente y coordinada. El acceso al crédito internacional y la gestión efectiva de la deuda son esenciales para el futuro económico de Argentina, y las decisiones tomadas en los próximos meses tendrán un impacto definitivo en la calidad de vida en el país y su posición en el escenario global.
Esta situación es el resultado de Un Desastre Económico Forjado por Massa y el Oficialismo
La población llegó a las elecciones con su economía al borde del colapso. Inflación descontrolada, un tipo de cambio atrasado, un déficit en constante aumento, la falta de divisas y una brecha cambiaria del 190% son solo algunos de los desequilibrios que el país ya arrastraba antes de las primarias, y que el plan electoral del Gobierno contribuyó a profundizar.
Determinado a revertir el resultado de las PASO, el ministro de Economía y candidato por el oficialismo, Sergio Massa, robó una billetera ajena: la del Estado y apostó por un reparto a diferentes sectores, con medidas que implican un costo fiscal de más del 1.2% del PIB. Tuvo éxito, pero pagado por la ciudadanía más pobre mediante inflación casi inmediata. Un despropósito imperdonable.
Las medidas incluyeron el bono para desocupados y trabajadores informales, un mayor refuerzo para un grupo de jubilados y pensionados, y pagos adicionales para beneficiarios de programas sociales.
Estas decisiones, que significan un aumento en el gasto, se combinaron con alivios fiscales, especialmente en el reintegro del 21% a las compras con tarjeta de débito y cambios en el impuesto a las ganancias para asalariados.
Todo esto no solo ha llevado a un aumento del déficit fiscal para este año, que ha sepultado la meta acordada con el FMI, sino que también anticipa un agujero fiscal para 2024. Esto es lo que el candidato de la oposición, Javier Milei, o Massa mismo, tendrán que enfrentar cuando uno de los dos llegue a la Casa Rosada.
Los cambios en el IVA y las Ganancias aumentaron el déficit proyectado para 2024 en aproximadamente 1 punto del PIB, además de incrementar el nivel de emisión y dañar aún más el balance del Banco Central.
Se ha llevado al país a una peligrosa posición con un Banco Central con reservas agotadas y un mercado cambiario distorsionado. La devaluación decidida después de la derrota en las PASO no fue suficiente para contener la inflación, lo que resultó en una brecha cambiaria que se amplió a niveles alarmantes.
El atraso en el tipo de cambio oficial ha generado una espiral de precios, con una inflación que se acelera de manera alarmante. El IPC acumuló un aumento del 26.7% solo en agosto y septiembre, y se espera que termine el año por encima del 180%. Además, el Gobierno ha perdido reservas en un intento desesperado por sostener los dólares financieros, lo que ha llevado a una intervención marcada que ha costado alrededor de U$S 2,300 millones en reservas.
Las distorsiones generadas por las políticas de Massa incluyen congelamientos de tarifas de servicios públicos, transporte y combustibles, que han profundizado las distorsiones de precios relativos y afectado la sostenibilidad de los cuadros tarifarios.
El gasto acumulado en subsidios ha registrado una caída real del 16.6% interanual en lo que va de 2023. La falta de ajustes en las tarifas energéticas y otros congelamientos ha llevado a escasez y cierres de surtidores, lo que aumenta el riesgo de una espiral inflacionaria, al margenn de la indignación de buena parte de la población.
Finalmente, el acuerdo con el FMI ha sido sepultado por el paquete de medidas de Massa, que ha incrementado el gasto y la emisión, y ha congelado las tarifas.
El país no ha cumplido con las metas acordadas, y ahora es incierto si el próximo desembolso se realizará. Argentina necesita una reconstrucción de su relación con el FMI, pero, es un problema más político que económico. Massa y el oficialismo han forjado un desastre económico que será una pesada carga para el próximo presidente que asuma el cargo.
Esto podría reflejar la percepción del mercado de que, tras los resultados de las elecciones, las posibilidades de éxito de un eventual plan de estabilización en 2024 son menores, independientemente del ganador en noviembre. Se incrementa la probabilidad de un evento disruptivo en la deuda el próximo año, a pesar de la consolidación fiscal que podría llevar más tiempo de lo esperado, a pesar de los anuncios del actual ministro.
En las próximas tres semanas, el ministro y candidato Massa hará todo lo posible para garantizar que la economía llegue al balotaje sin sobresaltos significativos, centrándose en contener la presión cambiaria y la escalada de precios internos. Para lograrlo, uno de los objetivos clave es mantener fijo el tipo de cambio oficial en $350, lo que ha implicado una devaluación encubierta. También se continuará ajustando a la demanda, especialmente en lo que respecta a las importaciones.
En cuanto a la inflación, el riesgo de una espiralización en noviembre parece disminuir, con factores a favor como el tipo de cambio oficial fijo y una menor volatilidad en los mercados alternativos, así como un mayor cumplimiento de los acuerdos de precios por parte de las empresas. Sin embargo, la devaluación encubierta, las restricciones crecientes a las importaciones y la inercia inflacionaria seguirán ejerciendo presión al alza, lo que probablemente resulte en una inflación mensual de dos dígitos durante el resto del año.
A pesar de la calma temporal después de las elecciones, la situación económica continúa siendo extremadamente crítica, con desequilibrios macroeconómicos persistentes, una alta inflación, un tipo de cambio atrasado y una situación fiscal y monetaria desesperante.
El próximo presidente se enfrentará a un escenario desafiante, tanto en términos económicos como sociales, y deberá tejer acuerdos en un Congreso muy fragmentado para avanzar en las reformas necesarias, con un optimismo menguante de cara a 2024.